NOTA EL PERIÓDICO

País:

CALDH pide crear una fiscalía que investigue la muerte violenta de jóvenes

A la misma hora, y en dos lugares cercanos, representantes de organizaciones que aglutinan a los jóvenes en el país ofrecieron declaraciones a la prensa sobre el tema de la violencia.

Carlos Rigalt

  

A las 9 de la mañana, en el parque central, un grupo de 150 jóvenes apostado frente al Palacio Nacional de la Cultura lanza consignas al aire. De los altavoces sale una canción de Calle 13 mientras otros en zancos y con narices de payaso deambulan y acuerpan el movimiento. Unos lucen el cabello trenzado a lo rastafari.

Chicas rubias que calzan sandalias típicas y morrales en la espalda

conversan en parejas con interlocutores locales, morenos, todos jóvenes. Furia y lágrimas en los ojos. Alguien lee poesía ante el micrófono. Uno de los líderes rodeado por media docena de cámaras de televisión. En camino hacia el Portal del Comercio una bocanada de marihuana se mezcla entre lustrabotas y adultos que deambulan por el parque.

Una cuadra hacia la remozada 6a. avenida, en el cuidado salón del hotel Panamerican, otro grupo de jóvenes se expresa contra la violencia. Trajes oscuros, corbatas, camisas blancas. También hablan con enojo ante la prensa.

La queja es la misma. Las exigencias, parecidas. Los estilos varían. El número de bajas sufrido por cada grupo y las acciones que cada uno tomará también difieren. “Manifestamos nuestro repudio contra las instituciones del Estado que están a cargo de los casos de violencia”, afirma Ábner Paredes, del Programa de Derechos de la Juventud de CALDH. “Ni el Ministerio Público ni el Organismo Judicial están cumpliendo su papel. Pediremos la creación de la Fiscalía especial de delitos contra la juventud”.

Más allá de eso, la petición específica de las organizaciones juveniles y de derechos humanos que convocaron a la reunión en protesta por el reciente asesinato de Víctor Aroldo Leiva Borrayo (Mono) es que se cree la Unidad de Delitos de ejecuciones extrajudiciales contra jóvenes en el MP.

Ellos hablan de que en el elevado número de crímenes contra jóvenes en el país –la mitad de los 6 mil asesinatos anuales registrados- hay un patrón que involucra al Estado por acción u omisión. “Uso de vehículos, traslado de cuerpos, tortura, así como un historial de casos no resueltos”, añade Paredes. Entre las acciones estudian llevar el tema a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Responsabilidad de todos

Un poco más moderados, pero siempre conscientes de que el país ya ha alcanzado una de las tasas de homicidios más altas del mundo -44 por cada 100 mil- organizaciones como Jóvenes por Guatemala, Un Joven Más, Pro-líderes, SIFE Universidad del Valle de Guatemala y Alianza Joven enfatizaron el papel del Estado en la solución del problema de la violencia, pero también en que los ciudadanos no deben quedarse de brazos cruzados. “Podrían estar aportando, no solo señalando”, afirma Fiorella Perini, de Jóvenes por Guatemala.

También imputaron la responsabilidad de la violencia en los alcaldes, quienes en su mayoría “debieran reenfocar sus prioridades”, señaló. “No dedicarse solo a hacer obras de ornato o infraestructura, sino invertir en educación y recreación para los jóvenes que viven en áreas en riesgo”.

Edwin Xol, de la Red de Fundaciones de Análisis y Estudios Sociales, recalcó tres cosas que la sociedad guatemalteca debe atender para disminuir la violencia: las familias, la educación y las oportunidades de trabajo.